El Código de la Niñez – Por José Toledo Ordóñez – 21 sept. 1997
Columna Cimientos – Redactado para páginas editoriales de Prensa Libre
El Código de la Niñez y la Juventud, aprobado hace un año, está por entrar en vigor en medio de problemas de falta de recursos para la creación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento y críticas por falta de viabilidad en una sociedad como la nuestra. En Guatemala practicamos lo que llamo la cultura del ventajismo; los padres enseñan a sus hijos desde niños a obtener ventaja del prójimo. El Código de la Niñez no es la excepción; tiene 287 artículos cargados de derechos de los niños y de los jóvenes de los cuales solamente uno habla de obligaciones. El derecho debe ser como una calle de dos vías; las leyes conceden facultades al mismo tiempo que imponen deberes.
Se critica el hecho de que este Código ha sido copiado de países desarrollados con muchos recursos y con educación, cultura y valores muy diferentes a los nuestros. El concepto de familia en esos países es otro; los niños son considerados un estorbo y enviados a guarderías; los ancianos son enviados a asilos; muchas parejas jóvenes prefieren adoptar niños que tenerlos; la última moda entre las parejas de ancianos abandonados por sus hijos es ofrecerse en adopción a familias que no tienen abuelos. El alto índice de divorcios y suicidios que tienen sugiere que algo anda mal. En Guatemala vivimos en familia con nuestros hijos y padres. Nuestros problemas familiares son de otra índole; no necesitamos de la intromisión del Estado para arreglarlos.
Hay niños que viven de la calle y niños que viven de ella; los primeros tienen lazos familiares en algún grado y los segundos se valen por sí mismos. El ambiente hostil de la calle les obliga a comportarse como adultos; como tales han sido blanco de abusos inclusive por parte de la policía; por el otro lado, muchas veces gozan de impunidad después de haber cometido crímenes atroces. La aplicación de los derechos humanos ha hecho que las autoridades prefieran no tocarlos y que proliferen las maras.
Si bien es malo que copiemos leyes de países desarrollados es peor que copiemos aquéllas que han fracasado en lograr su propósito. El experimento de Jacksonville, Florida, es muy ilustrativo (USA Today, 18 sept. ’97). Las cortes juveniles fueron fundadas en Chicago en 1899, bajo el supuesto de que los jóvenes son menos responsables de sus crímenes y más redimibles que los adultos. Los jóvenes que cometían los peores crímenes sabían que a lo sumo enfrentaban una corta temporada en algún reformatorio; los procesos se llevaban a cabo en forma confidencial para proteger el futuro del acusado. El sistema, lejos de protejer a la juventud la incentivaba a delinquir o la exponía a la manipulación de adultos que veía en los jóvenes un vehículo para cometer sus crímenes sin asumir riesgos.
El dramático incremento de la delincuencia desde principio de los años 80 hizo cambiar las cosas. Jacksonville se enfrentaba a una ola de crímenes perpetrados en su mayoría por jóvenes; solamente en el período 1990-1991 el índice subió 27%. Fue entonces que decidieron tratar a los jóvenes como adultos; en los últimos 5 años 137 jóvenes recibieron cargos de adultos y fueron recluídos, 18 de ellos a cadena perpetua. 700 recibieron penas hasta de un año por delitos tales como asalto a mano armada y robo de automóviles, por los cuales antes las cortes juveniles raramente los enviaban a la cárcel; la privacidad de los procesos terminó. Los resultados fueron increíbles; los arrestos juveniles y crímenes violentos disminuyeron 50% desde su punto más alto en 1993; en el período ’90-’95 bajaron 15% mientras que en el resto de el país subieron 27%. La mayor parte de los Estados sigue ahora el ejemplo de Jacksonville. Mientras tanto, los guatemaltecos nos empeñamos en imponer un sistema que fracasará no solamente por haber sido diseñado para sociedades diferentes a la nuestra sino porque nunca funcionó en ellas.