Suplemento Economía Prensa Libre 22SP93
En 1970 se celebró por primera vez el día de la tierra. Motivado por este acontecimiento en Estados Unidos se aprobó la Ley del Aire Limpio y se creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Este fue el inicio de una gran preocupación por los asuntos ambientales que dieron origen a diferentes leyes
y reglamentaciones que a medida que ampliaban su campo de acción provocaron un sinnúmero de debates en muchos de los cuales se puso en duda la compatibilidad de las políticas ambientales con el desarrollo sostenido de una nación.
El ambientalismo no debe es divorciado del desarrollo.
El problema es más complejo de lo que parece. En él se mezclan ingredientes como la ecología, el uso racional de los recursos y el derecho. Se complica más aún cuando se analiza bajo la lupa de la economía, una ciencia en la cual hay
posiciones tan disímiles como el socialismo, el estatismo y la libertad basada en el derecho a la propiedad. Esto ha dado lugar a sentencias como aquélla que dice que el ambientalismo es enemigo del desarrollo.
El debate es aún más fuerte en los países subdesarrollados, en donde se combinan la indolencia de personas que cómodamente ignoran los problemas de la sociedad con la intolerancia de otras que pretenden adoptar soluciones que responden a intereses particulares, o bien que solamente son viables en países
industrializados o con culturas muy diferentes a la nuestra.
La sentencia que dice que el ambientalismo se opone al desarrollo tiene e] pecado de ser una generalización. Los textos socialistas presentaron como incompatible la preservación del medio ambiente con el desarrollo. Por supuesto se referían al desarrollo capitalista. El socialismo como ideología llevada a la práctica por medio del comunismo fracasado. El hecho es que una de las tristes realidades que se puso en evidencia con la caída del socialismo en Europa de Este fue que el mundo conoció entre otras cosas la desastrosa situación ambiental en que se encuentran estos países. Podríamos decir, entonces, que es bajo el socialismo que el desarrollo se opone a la ecología. Pero en realidad el medio ambiente es destruido no por sistemas políticos sino por la actitud de las personas irresponsables que realizan sus actividades diarias sin el más mínimo respeto por el derecho ajeno.
El comunismo no fue viable. Sin embargo, el dirigismo, estatismo, intervencionismo o como se le quiera llamar aún está vivo y se ha constituido en el último reducto de muchos socialistas que enarbolan la bandera del medio ambiente, al que tanto hicieron daño y ahora nos hablan del estado con conciencia ecológica. De alguna forma encontraron un nicho para poder seguir viviendo a costillas de la comunidad. Esta infiltración que ha sufrido el movimiento ambientalista ha provocado que muchas personas identifiquen a los auténticos ambientalistas con socialistas. De allí el origen de interminables discusiones.
No podemos ignorar que el crecimiento económico pone una pesada
carga sobre el medio ambiente. El reto está precisamente en encontrar
soluciones a los problemas ambientales que no impliquen frenar el desarrollo. La fórmula consiste en practicar un ambientalismo responsable y efectivo dentro del marco de la libertad, respetando el derecho de nuestros semejantes.
El marco legal de un país debe permitir que una persona haga valer sus derechos si considera que cualquier obra, proyecto o actividad realizada por el hombre tiene un impacto significativo en el ambiente y por ende puede perjudicar su salud. Respetando los derechos de los acusados, los reclamos deben ser resueltos por las autoridades en el menor tiempo posible. Esto es difícil de lograr si contrario a las normas de derecho, se considera culpable al acusado hasta que no demuestre su inocencia.
Como ejemplo reciente tenemos la construcción de la subestación eléctrica sobre el Boulevard de Los Próceres. En el mes de junio, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EGSA) fue obligada a suspender la obra por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y además por el Juez lo. de Instancia del Ramo Civil. Esto se debió a dos recursos de apelación —uno de ellos presentado por un grupo de vecinos de la zona 10— que ahora se ventilan en la corte de constitucionalidad. Un estudio de impacto ambiental elaborado por el ICAITI y presentado a CONAMA por la EEGSA dictaminó a favor de continuar la construcción. CONAMA han resuelto jurídicamente hablando. Mientras tanto, el suministro de electricidad para 25 edificios en construcción es incierto.
Solamente mediante el uso de normas que especifiquen un tiempo prudencial para la resolución de diferendos evitaremos que reparos mal fundamentados, o en el peor de los casos mal intencionados puedan poner en peligro diferentes obras o proyectos desincentivando así la inversión necesaria para el desarrollo.
Debemos informarnos a fondo para evaluar los problemas en una forma objetiva y alejada de toda influencia política y mucho menos de intereses personales. Finalmente, para los casos que ameriten reglamentación debemos proponer soluciones congruentes con la realidad y con las posibilidades de nuestro país y no limitarnos a copiar estándares de países industrializados que desde un principio van a estar condenados al fracaso. Sólo así dejaremos de desprestigiar al ambientalismo.