Inseguridad – Por José Toledo Ordóñez – pepo @ guate – net
Columna Cimientos – Redactado para Prensa Libre – 1o. dic. 1997
La falta de seguridad en el país ha alcanzado niveles intolerantes. El cobarde secuestro y cruel asesinato del arquitecto Jorge Villanueva enluta nuevamente a los guatemalecos; un empresario de mucha valía y a la vez un ciudadano que tuvo una trayectoria ejemplar por su trabajo institucional; su único pecado fue vivir en Guatemala luchando por hacerla un mejor lugar para vivir. Regresan los sentimientos de impotencia, enojo y frustración; publicaciones por doquier claman por justicia.
El problema de la inseguridad es sumamente complejo y tiene muchas facetas: la delincuencia común es causa de robos, violaciones, asaltos y extorsiones; el crimen organizado se ocupa del robo de vehículos, tráfico de drogas, asaltos a bancos y secuestros; la delincuencia política organiza problemas tales como las invasiones de tierras. Causa indirecta de inseguridad son las organizaciones de derechos humanos, las cuales parecen estar del lado de los criminales. Los hechores materiales son delincuentes comunes y ex miembros o algunas veces miembros de las fuerzas de seguridad y la guerrilla; estos últimos siempre fueron delincuentes.
Para combatir el crimen lo pimero que se debe hacer es identificar las causas para aplicar soluciones preventivas, generalmente de carácter social. Correctivamente se necesita un aparato de inteligencia y fuerzas de seguridad. Inteligencia se ocupa de combatir al crimen organizado y a las organizaciones interesadas en crear inestabilidad; las fuerzas de seguridad combaten a la delincuencia común y a las acciones callejeras del crimen organizado; pueden ser militares pero lo deseable es que sean civiles, como la Policía Nacional.
El problema de la inseguridad no es nuevo; lo heredó este gobierno y se ha agravado por muchas razones. La inconformidad de los grupos depurados y el desmantelamiento de la red de Moreno picaron el avispero. La presión ejercida por la guerrilla para firmar los acuerdos de paz hizo que el gobierno replegara prematuramente al ejército cuando todavía no existe un aparato de seguridad civil capaz de sustituirlo. La eliminación de las PAC y los comisionados militares y el hecho de clausurar bases militares o encerrar al ejército a sus cuarteles nos dejó en manos de los delincuentes. El aparato de inteligencia militar también ha sido debilitado y el crimen organizado está de fiesta.
Esfuerzos aislados exitosos como el del Comando Antisecuestros se han visto en parte neutralizados por organizaciones de derechos humanos y por la incapacidad del aparato judicial de procesar a más de 350 detenidos.
La población se impacienta y responde de muchas formas; delincuentes son linchados en tribunales populares; los vecinos se organizan en formas cada vez más cercanas a lo que podría llamarse PAC urbanas; los empresarios contratan seguridad privada. Por el otro lado, nacen organizaciones para luchar contra la impunidad, como el grupo Madres Angustiadas; otras aprovechan la situación con claras intenciones políticas. Tal es el caso del grupo Guardianes del Vecindario, lidereado por el ex candidato a alcalde Oscar Recinos; parece atractivo tomar como bandera el mayor problema nacional y buscar protagonismo haciendo críticas sin importar el dolor ajeno; los líderes deben ser constructivos.
En El Salvador se cometió el mismo error al reducir el ejército antes de haber fortalecido a la Policía Nacional Civil; ahora padecen una situación de inseguridad sin precedentes. Nuestro Gobierno parece haberse dado cuenta y comienza a reabrir destacamentos militares; también formó las Fuerzas Combinadas Ejército, Guardia de Hacienda y Policía Nacional; finalmente, entró en negociaciones con los Estados Unidos para combatir al narcotráfico ante las poco sinceras protestas de políticos demagogos que alegan violación a la soberanía nacional. Esperamos que el remedio se aplique en dosis más fuertes y sobre todo, más rápido.